El Supremo desacredita al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat y ampara la vigencia del PATIVEL

El Tribunal Supremo ha dado la razón a la Abogacía de la Generalitat Valenciana, un año después de que presentara un recurso para defender su PATIVEL y protegerlo frente al propio Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que anuló el plan por considerarlo “contrario a derecho”. El PATIVEL fue creado en 2016 por Consell con el fin de proteger las zonas que se encuentra en la franja de 500 metros desde la ribera del mar y que, en el caso de Xàbia por ejemplo, protegía de la construcción a zonas como la del Portitxol o Ambolo. Para invalidarlo, el Tribunal Supremo se ampara en el mismo razonamiento que defendía el TSJCV para solicitar su anulación: “Ser contrario a derecho”. Además, el Supremo insta a la administración valenciana a dictar una nueva sentencia que “resuelva los motivos impugnatorios esgrimidos por la parte actora en apoyo a sus pretensiones”. Así, mientras el TSJCV sentenció el plan como una herramienta de ordenación urbanística, el Tribunal Supremo la valora como un instrumento de ordenación territorial. En 2021, el TSJCV declaró nulo este plan de protección motivado por el Consell tras estimar el recurso presentado por una empresa inmobiliaria que apuntó algunas de las carencias que poseía el plan para su ejecución, la inexistencia de una evaluación ambiental propicia y la omisión de informes necesarios. A pesar de las buenas intenciones del PATIVEL, su formalización parece que no era la correcta ya que carecía, entre otras, de un estudio económico-financiero que reflejara los costes de su implementación y la repercusión económica que comportaría para las propiedades afectadas y para los municipios que deberían desarrollarlo (algo exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo). Esas carencias no parecen ser motivaciones de peso para el Tribunal Supremo. La declaración del TSJCV supuso la primera de las sentencias contrarias a este documento de ordenación y protección del territorio que, desde que fue aprobado, recibió numerosas demandas. En aquel momento, el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España; señaló que dicha la nulidad sólo atendía “a cuestiones formales del plan de protección de la costa y no en su trasfondo”; por lo que se recurriría a la sentencia. Ahora, el Tribunal Supremo da la razón a la Generalitat y no al Tribunal Superior de Justicia valenciano.