PP, Compromís y Ciudadanos denuncian que el Plan General que está en trámite "casualmente convierte en suelo urbano" el área donde se encuentra el chalet del arquitecto municipal

Los tres partidos de la oposición en Xàbia, PP, Compromís y Ciudadanos han remitido un comunicado en el que piden explicaciones al equipo de gobierno de Xàbia por la posible “parálisis” a la hora de obligar la restitución de la legalidad urbanística en la vivienda del arquitecto municipal de la Cala Granadella.

Según han considerado los tres portavoces, Rosa Cardona, Enrique Escrivá y Juan Cardona, este caso el “claro ejemplo de la inactividad o desinterés del ejecutivo local a la hora de esclarecer las sospechas de ilegalidad que se ciernen sobre la vivienda, es que el Ayuntamiento ha tardado más de 3 años en encargar las catas sobre ese inmueble”. Unos trabajos de los que se han enterado “por la prensa”. 

Todo apunta -han añadido- “a que el gobierno de Chulvi ha estado dándole al botón de posponer a la hora de cumplir con el requerimiento de los técnicos municipales sobre la necesidad de efectuar esas catas sobre la vivienda para comprobar las sospechas de ilegalidad”.

Al respecto, los portavoces de PP, Compromís y Cs se han preguntado por qué se ha demorado 3 años esta comprobación, que además, ha sido requerida varias veces al gobierno local a través de informes técnicos. “Todo esto, nos lleva a preguntarnos cómo puede consentirse por el gobierno de Chulvi, aunque sea por omisión, que según parece, se haya construido o reconstruido prácticamente desde cero, una vivienda en la Granadella, en Suelo No Urbanizable de Especial Protección. Es decir, un suelo con la máxima protección que otorga la normativa urbanística, precisamente atendiendo el valor ecológico y medioambiental de una zona emblemática de Xàbia como es la Granadella”.

A juicio de Rosa Cardona, Juan Cardona, y Enrique Escrivá, sienta un mal precedente el hecho de que las infracciones urbanísticas no se estudien ni ejecuten con celeridad en Xàbia, porque “implica ignorar o, en el mejor de los casos, supone que, quizás, se esté jugando con los plazos a la hora de cumplir con una obligación esencial del Ayuntamiento, como es restituir la legalidad de una vivienda sobre la que pesa una sentencia que declara que las obras realizadas no son legalizables”. Además, los ediles de la oposición se han preguntado si esta pasividad por parte del ejecutivo local respecto a una vivienda que infringe la legalidad puede estar relacionada con que su propietario sea el arquitecto municipal de Xàbia.

“Sobre todo porque resulta inquietante que el nuevo Plan General, aprobado por el gobierno de Chulvi y que está actualmente tramitándose, y que va a desclasificar casi 10 millones de metros cuadrados de suelo en Xàbia, casualmente va a recalificar el suelo de la vivienda sobre la que recaen las sospechas de ilegalidad, catalogando el suelo de dicha vivienda como urbano”.

Con todo esto, los representantes de las distintas formaciones de la oposición en Xàbia han concluido: “desconocemos por qué motivo se han dilatado en el tiempo las acciones que corresponden al Ayuntamiento para devolver esa vivienda a la legalidad anterior. Tampoco sabemos por qué se recalifica en este nuevo Plan General, como suelo urbano, una vivienda diseminada respecto del Núcleo Histórico Tradicional en el que se ha catalogado la avenida Tio Català, más allá de la peculiaridad de que esa edificación pertenezca al jefe del urbanismo en Xàbia.

Lo que sí sabemos, es que el Plan General de Chulvi supondía blanquear y proteger ‘de facto’ una vivienda sobre la que recae una alargada sombra de ilegalidad, que quedaría impune para siempre”.