Benitatxell deberá buscar al responsable que dejó de tramitar los expedientes de infracciones de tráfico durante 2012-2016

27 noviembre, 2017Por: Carlos López

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El pleno del ayuntamiento de Benitatxell ha sacado adelante con los votos de la oposición (Compromís, Gente de Benitatchell y Toni Colomer) y la abstención del gobierno local, iniciar una investigación de lo que ha pasado a nivel interno para que durante el periodo 2012-2016 se hayan dejado de cobrar una serie de multas de tráfico.

En concreto, el acuerdo que han tomado los tres partidos que tienen la mayoría en el pleno, obligará al Consistorio a “emprender las acciones judiciales, contables o disciplinarias que correspondan contra las autoridades o funcionarios municipales responsables de la falta de tramitación completa de las denuncias formuladas por la Policía Local”.

En el transcurso del debate, el alcalde, Josep Femenía ha defendido que el equipo de gobierno que lidera se ha limitado a “solucionar un problema que había” en la tramitación de las multas de tráfico y ha remarcado que en total en el plazo de 2012 a 2016, el Ayuntamiento “había dejado de cobrar por este concepto” 2.960 euros. Y añadió “cuesta más convocar este pleno” que lo el Ayuntamiento no ha ingresado por multas.

Femenía: en 2012 se impusieron 1.147 multas de tráfico

Femenía ha desglosado año a año, tal y como pidió la oposición, las sanciones de tráfico que impusieron los agentes de la Policía local, los expedientes tramitados y aquellos que se dejaron de tramitar y ha reconocido que desde aquel año “hay menos sanciones porque hay menos agentes, no se hacen campañas en la Cala del Moraig y tampoco se hacen controles”.

Según ha recordado en 2012 se impusieron 1.147 multas, por las que el Ayuntamiento ingresó 225.000 euros y en 2016 por este concepto se ingresó 11.030 euros. En lo que va 2017, según los datos aportados por el ente recaudatorio de la Diputación SUMA, van 28.000 euros.

Informe del secretario: Había agentes interinos cuyos actos podían ser recurridos

El gobierno local intentó en vano que la oposición aprobara un punto en base al informe jurídico que el secretario municipal redactó tras solicitarlo la oposición- sobre la tramitación de las multas en el Ayuntamiento, que derivó en una propuesta de comisión de investigación sobre todos los ingresos que no habían entrado en la caja fueran por las multas de tráfico o por las infracciones urbanísticas. En ese informe el funcionario “advirtió que en las multas había dudas legales que explican por qué los ingresos por este concepto bajaron drásticamente a partir de 2012”.

Según exponía: había algunos agentes interinos y otros con contrato laboral “cuyos actos podían ser recurridos”. El secretario explicó que en agosto de 2013 el instructor de las sanciones de tráfico renunció a seguir haciéndolo y desde entonces no se había encontrado a ningún responsable que debía seguir ese procedimiento. Una vez el agente pone una multa, un funcionario o un político debe tramitar el expediente para que finalmente el sancionado pague y luego se eleve el documento de infracción a SUMA que se encarga de cobrarla.

Secretario: «Hay un notable interés de la oposición por buscar responsables de la pérdida de ingresos»

Pero el máximo responsable jurídico del Ayuntamiento fue más allá en su informe y adujo el “notable interés de la oposición por buscar responsables de la pérdida de ingresos municipales” y propuso que se constituyera una comisión de investigación sobre el perjuicio al erario público detectado con la regularización catastral de 2016, cuando salieron a la luz 1.717 infracciones urbanísticas, cuya corrección ha proporcionado a la caja municipal 450.000 euros anuales.

El secretario expuso algunas infracciones urbanísticas, que sin mencionarlas, se referían a miembros de la corporación e incluso a los altos mandos de la Policía Local y presentó un informe de la Agencia Valenciana Contra la Corrupción que le declara como testigo protegido «por sus denuncias de hechos presuntamente delictivos acaecidos que afectan a este ayuntamiento y a quien fue su primera teniente de alcalde en 2011, Nieves García actualmente concejala» en relación con el caso de los endosos.

En este sentido, destacó que este estatus supone que «cualquier acto de intimidación o represalia que pudiera perturbar la vida personal o profesional del secretario deberá ser comunicada inmediatamente» a la Agencia en el plazo más breve posible.

Miquel García: «Habéis solucionado un problema que ya tenía solución»

Por su parte, desde la bancada de la oposición, el portavoz de Compromís, Miquel García, aseguró que el informe del secretario “más parecía un informe político que no jurídico” y afirmó que el problema de las multas en Benitatxell “ya estaba solucionado en 2012, lo habéis creado y ahora lo habeís vuelto a solucionar”. García se preguntó por las razones por las que desde agosto de 2013 hasta ahora “no ha habido un instructor de esos expedientes”.

Toni Colomer: El secretario echa toda la culpa de las multas a la Policía Local

Mientras, el concejal Toni Colomer, se lamentó que en su informe el secretario “eche toda la culpa de las multas a la Policía Local” y afirmó que esto es “porque a usted le pusieron una multa por no tener la ITV pasada en su coche”. Poco antes, el secretario aseguró que Colomer había sido sancionado también por una infracción del código de circulación que no fue cobrada por el Ayuntamiento, ya que según matizó el expopular, fue “recurrida ante SUMA como puede hacer cualquier ciudadano”.

Nieves García: «A mí quien me defiende de las acusaciones que se hacen»

Y la concejala de Gente de Benitatchell, Nieves García se preguntó “que tiene que ver las infracciones urbanisticas con las multas de tráfico” y tras apuntar que ella era una de las personas mencionadas en el informe del secretario reconoció que si “ahora tengo que pagar más” y aseguró “quien me defiende a mi de las acusaciones que se hacen”.. Una pregunta que no tuvo respuesta.

Así pues, el Ayuntamiento de Benitatxell deberá investigar que ha pasado con las multas de tráfico cuya tramitación no se completó hasta elevarla a SUMA (el órgano encargado de recaudarlas) y si hubiere algún responsable de lo sucedido emprender acciones legales o disciplinarias contra él o ella.

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