El CEDMA reclama al Consell que las empresas del sector tengan prioridad en la concesión de los “nuevos” permisos para viviendas de alquiler turístico

15 febrero, 2019Por: Alvaro Monfort

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El Cercle Empresarial de la Marina Alta ha mantenido hoy un encuentro de trabajo con el secretario de autonómico de Turismo, Francesc Colomer, que en palabras de la presidenta, Sonja Dietz era para “abrir un diálogo para intercambiar opiniones y conocer de primera mano los proyectos turísticos del Consell y de los ayuntamientos”.

Un encuentro privado, del que finalmente el CEDMA ha expuesto su contenido en un comunicado en el que se han puesto sobre la mesa diversos aspectos que preocupan a los empresarios con el fin de que el secretario autonómico los traslade al Consell.

Entre las cuestiones analizadas la “sangría” que está produciendo en el turismo residencial de la comarca, ya que hay muchas personas que viven durante todo el año entre nosotros y en verano se van a sus países de origen, momento en que alquilan sus propiedades. Esta sangría repercute a juicio del CEDMA en el resto de sectores de la economía, y su origen está en los retrasos que hay en la tramitación de documentación o en las leyes.

Normas como la recogida en el artículo 65 de la Ley de Ocio, Turismo y Hospitalidad que obliga a un doble permiso para poder inscribirse en el registro de alquileres turísticos. Esto “ya ha sido solventado”, pero aún hay problemas y por ello, la presidenta de Aehtma, Cristina Sellés, reclamó al secretario autonómico que en la tramitación de los permisos “se de prioridad a los profesionales y empresas sobre los particulares”. Sellés también reclamó una mejora de la señalética de las ciudades así como que se priorice “a las empresas turísticas en la adjudicación de los servicios de playa”.

La preocupación de los propietarios de viviendas aumenta ahora que el Consell ha aprobado una nueva ley de Ordenación del Territorio. Con esta normativa, explicó el presidente de la Asociación de Empresas de Alquileres Turísticos de la provincia de Alicante (AEA), Mariano Espinosa, se obliga a las casas en suelo rústico que quieran destinarse a alquiler turístico, a pedir una Declaración de Interés Comunitario (DIC) y una licencia de apertura, “aunque estén legalizadas y lleven dadas de alta desde hace años”.

El peligro, dado que estos trámites conllevan tiempo y gastos, es que se vuelva a trabajar desde la alegalidad, o se interpongan demandas en los tribunales por parte de particulares contra los ayuntamientos, demandas que se ganarían ya que “si una casa se puede habitar, se puede alquilar”.

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