La presidenta del comité de empresa de Marina Salud, Ana Barquín, manifestó que la conselleria «tiene herramientas más que suficientes para hacerlo por el incumplimiento de la empresa», ya que hay puntos del pliego de condiciones aprobado en 2005 que no se han cumplido, por ejemplo, en materia de inversiones en nuevas dotaciones. Además avanzó por donde puede ir la línea de argumentación legal en contra del acuerdo corporativo «es por el cambio en las acciones».

Barquín respondió así a preguntas de los periodistas tras el encuentro del lunes con la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en la que pudieron conocer de primera mano el contenido del informe de la Abogacía de la Generalitat, y sus conclusiones sobre la operación de venta de las acciones de DKV a Ribera Salud en la concesionaria de la sanidad comarcal. Así como la hoja de ruta del Consell es esperar a que concluya el contrato con la concesionaria para devolver a la gestión cien por cien pública el área. 

La presidenta trasladó el agradecimiento del comité de empresa por haber recibido esas conclusiones de primera mano, pero consideró que el conjunto del personal se quedó “muy sorprendido” cuando les dijo -la consellera- que no se habían enterado del movimiento corporativo interno. Y añadió que el departamento que dirige Barceló “tenía que haber actuado de forma más contundente”.

La representante de los trabajadores recordó que hace tres años “hubo una promesa de comprar las acciones de DKV por 18 millones de euros”, una promesa que finalmente fue descartada “porque no querían gastarse el dinero de todos”. Y afirmó “ahora resulta que no quieren utilizar el dinero público para revertir la concesión».

Asimismo insistió en que la consellera dijo que mantienen su hoja de ruta, que no es otra que la devolución al sistema de gestión cien por cien público del área sanitaria de Dénia una vez concluya el contrato, el 1 de enero de 2024. Los trámites para comenzarlo deberían iniciarse en junio de 2023, en plena resaca electoral autonómica (en principio las elecciones deberían ser en abril de 2023).

Y reclamó que la Conselleria vigile que “se mantengan las mismas condiciones de los trabajadores y la calidad asistencial” tras la operación corporativa, una vigilancia que debe asumir el Comisionado de la Sanidad.