El pasado viernes 24 de julio, el Pleno del Consell aprobó el proyecto de decreto ley para la validez y puesta en marcha de un régimen sancionador contra el incumplimiento de la normativa sanitaria y las medidas de prevención frente al COVID-19 que, en estos momentos, se encuentran en vigor en todo el ámbito autonómico.

En este decreto ley se detallan las posibles infracciones y las sanciones específicas que se establecen para cada una de ellas. De esta forma, la Generalitat toma el control sobre la tramitación e imposición de sanciones en relación a la pandemia sin que esta centralización afecte a las competencias que ya poseen al respecto, los ayuntamientos y el gobierno central.

Según el texto (que consta de tres capítulos, quince artículos y dos disposiciones adicionales) los responsables de cualquier infracción serán “las personas físicas o jurídicas que incurran alguna de las acciones tipificadas en la normal”. Los menores de edad tampoco están exentos ya que sus padres o tutores legales actuarán como sus responsables. Las sanciones se dividen en tres: leves, graves y muy graves.

Infracciones leves susceptibles de acarrear multas de entre 60 y 60.000 euros

1. Incumplir la obligación del uso de mascarilla o el uso inadecuado de la misma (por debajo de la nariz, por ejemplo). Esta infracción sólo podrá sancionarse con un máximo de 100 euros.
2. Los establecimientos públicos están en la obligación de informar a sus clientes sobre el aforo permitido en el local, estipular la distancia mínima interpersonal y el uso de la mascarilla.
3. Incumplir las medidas generales de higiene y prevención en locales públicos o privados cuando no suponga riesgo de contagio o el riesgo afecte a menos de 15 personas.
4. La vulneración de la cuarentena por parte de aquellas personas que hayan dado negativo en COVID-19, pero sean contacto directo de un enfermo confinado.
5. Quebrantar una orden general de confinamiento.

Infracciones graves susceptibles de ser sancionadas con entre 601 y 30.000 euros

1. 1.Vulnerar los límites de aforo en los establecimientos públicos cuando no sea falta leve o muy grave.
2. Queda prohibido organizar o participar en reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de acto privado o público que impliquen una aglomeración o en los que se dificulte la adopción de las medidas sanitarias.
3. Es motivo de sanción no poder mantener la distancia de seguridad entre mesas o agrupaciones de mesas en los locales abiertos al público o terrazas al aire libre.
4. No cumplir las medidas de higiene y la obligación de limpieza y desinfección de los accesos a los recintos o localidades donde se siente el público.
5. Queda prohibido usar espacios de los establecimientos para actividades no permitidas.
6. Relajar las medidas de higiene en cualquier tipo de establecimiento cuando estas supongan un riesgo de contagio o afecte a más de 15 personas.
7. Vulnerar el aislamiento domiciliario que deben guardar las personas que hayan dado positivo en COVID-19.

En las sanciones graves también se contempla la suspensión o prohibición de la actividad de un establecimiento o su clausura e inhabilitación para la organización de espectáculos públicos y actividades recreativas durante un máximo de seis meses.

Infracciones consideradas muy graves que suponen multas de entre 30.001 y 60.000 euros

1. No respetar los límites de aforo, medidas de prevención e higiene por parte de los establecimientos abiertos al público cuando suponga un grave riesgo que afecte a más de 150 personas.
2. Sobrepasar el aforo del establecimiento si en él se encuentran menores de edad y/o personas mayores de 65 años.
3. Organizar reuniones o fiestas, de carácter privado o público, que impliquen una aglomeración que impida la adopción de las medidas sanitarias o se hallen presentes menores de edad y/o mayores de 65 años.
4. Impedir la inspección por parte de los agentes de la autoridad o funcionarios, así como la negativa a colaborar con ellos.
5. Vulnerar de forma reiterada el deber de aislamiento domiciliario por parte de personas que hayan dado positivo en COVID-19.

En este caso (y al igual que en el apartado de las infracciones graves) se contempla la suspensión, prohibición de la actividad, clausura del local o inhabilitación para la organización de cualquier tipo de espectáculo durante un máximo de 3 años y, de forma acumulada, hasta un máximo de 10.