La Generalitat ha querido lanzar, a los ayuntamientos de municipios de la costa como Xàbia, “un mensaje de tranquilidad y seguridad jurídica” respecto a la situación del Pativel que, recientemente, anuló el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat por ser “contrario a derecho”. El Pativel es un plan que el propio Consell creó en 2016 con el fin de proteger las zonas que se encuentra en la franja de 500 metros desde la ribera del mar y que, en el caso del municipio, protegería de la construcción a zonas como la del Portitxol o Ambolo.

Según el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España; los vecinos y vecinas del litoral valenciano “han de permanecer tranquilos ante posibles intereses de terceros en esas áreas”. Para ello, se va a emitir a las corporaciones municipales una nota explicativa que proporcione información actualizada sobre el Pativel y su actual situación tras la sentencia del pasado 11 de febrero.

La declaración del TSJCV supone la primera de las sentencias contrarias a este documento de ordenación y protección del territorio que, desde que fue aprobado, recibió numerosas demandas. Según informaron en su momento fuentes del tribunal superior, la sentencia estima el recurso presentado por una empresa y concluye que no existe, en el expediente administrativo del Plan “un estudio económico-financiero que refleje los costes de implementación del PATIVEL y la repercusión económica que comporta para las propiedades afectadas y para los municipios que deberán desarrollarlo” (tal y como exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo).

El organismo judicial señala que el documento tampoco prevé “las posibles responsabilidades patrimoniales que para la Administración autonómica puede conllevar la desclasificación de suelo que lleva a cabo” y que éste incumple la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres al no incluir un informe de evaluación del impacto por razón de género; entre otros motivos. (Los detalles de sentencia están disponibles AQUÍ)

Según Arcadi España, la nulidad que ordena el TSJCV “sólo atiende a cuestiones formales del plan de protección de la costa y no en su trasfondo”; por lo que se va a recurrir a la sentencia. España ha declarado que la normativa que incluye el plan “sigue en vigor porque la sentencia no es firme y no lo será hasta que el tribunal no se pronuncie sobre nuestro recurso”.