El empresario del restaurante del segundo montañar acaba de anunciar que ha presentado una denuncia contra el alcalde, la concejal de urbanismo y varios técnicos municipales por un presunto delito de prevaricación por «el reiterado intento de impedir al margen de los procedimientos legales establecidos la licencia y la obra de la cafetería-restaurante del Segundo Montañar»

Según ha informado en un comunicado el pasado mes de mayo el promotor notificó al Consistorio «la vigencia de su licencia y el inicio de las obras al servicio municipal de urbanismo, que le confirmó por escrito la caducidad del expediente. Además, el pasado 7 de junio venció el plazo de dos años de suspensión temporal de licencias por posible incompatibilidad con el nuevo Plan Estructural del Municipio, siendo la de cafetería-restaurante compatible con el actual, como también reconocieron por escrito los técnicos municipales».

A juicio del promotor, la apertura de un nuevo expediente contra su proyecto podría constituir un presunto delito de prevaricación por impedir el ejercicio de un derecho reconocido en un acto administrativo válido. Según el Código Penal, incurre en prevaricación “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo” y su artículo 404 lo castiga con “pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años”.