El PSPV denuncia en el pleno extraordinario las irregularidades en la contratación de los parkings

Por: Guiomar

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Anteayer se celebró un pleno extraordinario para tratar el posible rescate de los estacionamientos del Centro Histórico, según la propuesta del Interventor municipal. Los socialistas se mostraron contrarios a todas las propuestas presentadas, y defienden que el municipio no debe pagar nada en vista de las irregularidades del proceso de contratación.

 

 

En primer lugar, el Interventor municipal presentó las cifras aportadas por Ecisa sobre el coste de la construcción y el balance de la explotación de los parking del Clot y la Plaza de la Constitución. El objetivo, según explicó el alcalde, Eduardo Monfort, «es crear un foro de debate para ver qué camino seguir», y una vez que el municipio haya elegido, se estudiará esa opción más a fondo.

 

El máximo responsable técnico del departamento de Hacienda del Consistorio presentó las tres opciones que él considera posibles. En primer lugar está adquirir la sociedad que explota los estacionamientos, cifrada por la empresa en 20,5 millones de euros, al considerar que ambas infraestructuras valen cerca de 17 millones de euros, a pesar de que en el contrato el precio era de 13 millones.

La segunda opción pasaría por que el Ayuntamiento rescatara únicamente el parking del Portal del Clot, el menos rentable, y pagara el reequilibrio de la concesión del otro, por un total de 29,3 millones. Y la tercer sería seguir como hasta ahora, con los estacionamientos vacíos y abonar cada año el reequilibrio de la concesión, o lo que es lo mismo, la diferencia entre la ocupación real y la estimada por la empresa. Cifra que en el 2008 ha sido de 983.154€, y se calcula que a lo largo de los 40 años de explotación podría sumar unos 45,8 millones de euros.

Para el Interventor la primera opción es sin duda alguna la mejor, ya que no sólo es la más barata, sino que además, si el Ayuntamiento se hace cargo de la explotación, podría ahorrar considerablemente en los gastos de mantenimiento de los parkings. De hecho, se calcula que podrían reducirse en un 50%, especialmente porque no se pagarían las tasas municipales como el IAE o el IBI. El único problema es que se habría de abonar 20,5 millones de euros (según cálculos de la empresa) mediante pago fraccionado en 4 años, lo que sobrepasaría la capacidad de endeudamiento del municipio. La ventaja es que Xàbia tendría el control total de los estacionamientos y podría aprovecharlos para otros usos, además de ofrecer precios ventajosos, e incluso venta de plazas en propiedad, a los ciudadanos.

 

Crónica de una contratación precipitada

Para los socialistas ninguna de estas opciones es buena. La compra de un negocio ruinoso, que ha tenido un sobrecoste del 20%, sólo es una ventaja para la empresa que lo vende, mientras que el ciudadano tendrá que «pagar el pato en forma de subida de impuestos para solucionar todo este entuerto».

El portavoz del PSPV, José Chulvi, se preguntó en dónde estuvo el fallo, si en el estudio de viabilidad, en el anteproyecto, en el proyecto o en el pliego de cláusulas administrativas particulares. A continuación analizó punto por punto cada uno de los pasos de la contratación, revelando ciertas irregularidades que llegaron a asombrar al curtido y numeroso público que asistió al pleno.

 

En el 2001, Juan Moragues hablaba en prensa de la posible construcción de aparcamientos subterráneos, como la solución a todos los males del pueblo, recordando que en la legislatura anterior, cuando él era alcalde, se encargó un anteproyecto para construir tres estacionamientos. A pesar de supuestamente contar con esa documentación, en septiembre del 2004, siendo otra vez alcalde, Moragues pide reiteradamente el mismo anteproyecto a una empresa llamada Consultora de Actividades Técnicas (CAT), así como el correspondiente estudio de viabilidad.

El 6 de abril del 2005 CAT presenta dos facturas de 12.000€ cada una por realizar estos dos trabajos. Cosa curiosa porque estos no aparecen en el Ayuntamiento hasta el 20 de junio, y sin entrada por registro, por lo que especula Chulvi que «Moragues también hacía de administrativo y recogía documentos».

A pesar de que para cualquier trámite la administración normalmente es tremendamente lenta, no sucede así con todo lo relativo a los estacionamientos. Rapidez que Chulvi pidió a Moragues que explicara, y que demostró enumerando los siguientes pasos de la contratación de las obras de los 3 parkings (con cargo de ECISA), las rondas y el nuevo edificio del Ayuntamiento (trabajos estos dos cifrados en 18 millones de euros, con cargo al erario público).

Ese mismo 20 de junio del 2005 el alcalde Moragues solicita al Secretario y al Interventor sendos informes. Al día siguiente, el técnico de finanzas informa favorablemente sobre el estudio de viabilidad, pero el Secretario no tiene su contestación hasta el día 28, fecha en la que se celebra una comisión extraordinaria de Hacienda en la que se limita a leer los informes.

El documento del Secretario no parece estar de acuerdo con el procedimiento, e indica que el estudio de viabilidad debe estar constituido por un «conjunto de estudios, datos e informes que tienden a demostrar la viabilidad de la obra y su financiación», y que justifican «la viabilidad social, medioambiental y económica-financiera» de la obra en el municipio. Sin embargo, el estudio de viabilidad presentado es un «simple estudio económico […], que pasa muy por encima la incidencia económica sobre la zona y en el municipio, y sobre todo la incidencia social y urbanística».

Pero es que además, el Secretario deja bien claro que primero se solicita el estudio de viabilidad, y sólo luego cuando éste es a su vez informado favorablemente por los técnicos municipales, se pide el anteproyecto. «¿Como es que usted Sr. Moragues encargó al mismo tiempo y a la misma empresa el estudio de viabilidad y el anteproyecto?», se preguntó Chulvi.

 

El Catastrazo no es una coincidencia

Paralelamente, mientras este expediente avanza mucho, el 14 de junio el pleno aprueba por unanimidad rechazar el «Catastrazo«. Resolución que se envía seis días más tarde a Madrid, llegando fuera de plazo, y que consecuentemente ha derivado en la aplicación de aquella famosa ponencia de valores catastrales que obliga a todos los ciudadanos a pagar cada año una importante cantidad por el IBI. Hecho que los socialistas ligan a la contratación de los parkings, ya que se perfila como la fórmula ideal de poder sufragar estas obras.

 

El 1 de julio el arquitecto técnico municipal contesta que no es necesario realizar un estudio técnico del impacto medioambiental -que luego sería elaborado por un ingeniero del Ayuntamiento-, como contestación a la petición del departamento de Contratación. El 7 de julio CAT presenta el anteproyecto, y cuatro días más tarde ya está redactado el informe técnico municipal del mismo. El 29 de julio Moragues aprueba inicialmente el estudio de viabilidad y el anteproyecto.

El 6 de agosto, en plenas vacaciones estivales, se inicia la exposición pública de un concurso de 40 millones de euros y 40 años de concesión, al que curiosamente se presenta una única empresa que además obtiene una puntuación casi perfecta: 95,5 puntos sobre 100.

Pero 5 días antes de que se cumpla el plazo de exposición pública, el alcalde Juan Moragues dicta una providencia en la que pide que «siendo de enorme interés para la población… [la concesión de la obra pública]…., salga a licitación cuanto antes sea posible, de manera anticipada y con entrada en vigor en 2006»:

Así pues, del 5 al 9 de septiembre se aceleran aún más los trámites, y el día 14 el pleno de la Corporación, con los votos en contra del PSPV y abstención de Bloc-Centristas, aprueba con los votos favorables del PP, GIX y CpJ los pliegos y prescripciones técnicas y cláusulas administrativas que rigen la contratación.

 

El alcalde convoca la mesa de contratación, que se celebra el día 18 de noviembre del 2005, un día antes de que finalice el plazo de publicación en los boletines oficiales, y cuando ya era inminente moción de censura.

El 22 de noviembre Eduardo Monfort es investido alcalde, pero la contratación sigue su cauce, a pesar de las manifiestas reticencias del portavoz del Bloc, Vicent Chorro, y el 30 de diciembre el pleno adjudica la obra a ECISA.

 

Antes el proyecto privado que el público

Pero lo que para los socialistas resulta aún mucho más grave, y posiblemente denunciable a la fiscalía anticorrupción, es que existen dos facturas de CAT a ECISA -dos empresas que por cierto siempre aparecen juntas en noticias en internet, según añade Chulvi-, con fecha del 11 de febrero y 4 de junio del 2004, respectivamente, por la redacción del estudio de viabilidad y el anteproyecto de los tres parkings y rondas. Mucho antes de que el Ayuntamiento iniciara el proceso de contratación.

Curiosamente esas facturas obran en poder del Ayuntamiento gracias a que ECISA las aportó como prueba para justificar el importe de 400.000€ en concepto de indemnización por no construir el parking de Aduanas.

Además, CAT no sólo elabora informes para el Ayuntamiento y ECISA a la vez, sino que continúa trabajando con la mercantil en los proyectos de las rondas y los aparcamientos. Y para rematar, recalca el portavoz socialista, desde el departamento de Obras se ha adjudicad a CAT dos proyectos de los sufragados por el Fondo Estatal de Inversiones, siendo una de ellos la glorieta de Cala Blanca, donde irá colocada la escultura que el director de ECISA, Manuel Peláez, donó al Ayuntamiento.

 

Con el fin de dar un poco de perspectiva, Chulvi puso como ejemplo la contratación para la construcción de la desalinizadora, cuyo proceso fue ejemplar, con un pliego de condiciones en el que participaron la Universidad de Alicante, la Politécnica de Valencia, la Conselleria de Obras Públicas y el Ministerio de Medio Ambiente. Como resultado se presentaron 12 empresas punteras y se construyó una planta ejemplar, «que es el orgullo de todos».

 

 

Cláusulas contradictorias

El socialista José Chulvi, destaca además una contradicción en el pliego de condiciones, ya que si bien en la página 44 se obliga a la concesionaria a asumir los riesgos y las responsabilidades derivados de la contratación, explotación, conservación y financiación de los parkings, en la 50 se hace responsable al Ayuntamiento si los volúmenes de ocupación se sitúan por debajo de determinada cifra. Hecho que cree fácilmente impugnable.

 

 

Comprar los parkings es una burla

Nueva Jávea respaldó totalmente la intervención socialista, y reiteró su opinión vertida en numerosas ocasiones previas. El portavoz independiente Óscar Antón añadió que la propuesta del Interventor de comprar los parkings por 20,5 millones de euros «es una burla» hacia el ciudadano, ya que nunca se debería haber llegado tan lejos con el proyecto.

 

La culpa es de todos

El alcalde, Eduardo Monfort, aclaró que la culpa de lo sucedido es de todos, así como la responsabilidad, ya que si bien es cierto que fue él quien firmó el contrato con ECISA, lo hizo con el respaldo unánime de todo el pleno y con el apoyo de sus socios de gobiernos, entre los que estaba el PSPV, y con el fin de continuar con un procedimiento administrativo que ya estaba en marcha.

Por su parte se comprometió a investigar si hay algún técnico al que se le pueda reclamar responsabilidad, y si existe alguna contradicción en el pliego de condiciones o el contrato. Sin embargo, manifestó su apoyo a la propuesta del Interventor y aseguró que «no se pagará ni un euro (a la empresa) que no esté avalado por un informe técnico».

 

Cualquiera comete errores

Para el popular Juan Moragues la culpa de la situación es de la crisis y defendió su gestión, primero enumerando la lista de proyectos incluidos en el boletín con las promesas electorales de los comicios del 2003 -entre los que la mención de la piscina suscitó la inmediata reacción del público-, y segundo diciendo que «errores siempre tenemos todos». Explicando que en el caso del Catastrazo, «el político no va a Correos», y que el acuerdo plenario, «se podría haber traspapelado».

 

 

Los socialistas creen que el asunto de los parkings es lo suficientemente importante como para «convocar cuantos plenos extraordinarios y comisiones sean necesarias» para tratar el tema, y añadió que los concejales socialistas «renuncian a cobrar un céntimo por asistir a las sesiones donde se debata este tema».

 

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