El Tribunal Supremo ha tumbado el último recurso presentado por el Ayuntamiento de Xàbia y los propietarios de uno de los negocios que hay en la avenida del Tío Catalá. Una decisión que le obligará a retomar un expediente de demolición de unas obras realizadas en el Bar Casa Rosita hace ya algunos años.

La sentencia del alto tribunal, a la que ha tenido acceso esta redacción, rechaza el recurso presentado por el Ayuntamiento de Xàbia y la propiedad del negocio por “incumplimiento de las exigencias que la Ley impone al escrito de preparación del recurso al carecer de fundamentación suficiente”, reafirma el auto anterior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat e impone a estas dos partes las costas del juicio de 1.000 euros cada una.

Los hechos se remontan a 2018 cuando la Sala del TSJCV ordenó declarar la caducidad del procedimiento de restauración de la legalidad e iniciar un nuevo procedimiento sin que haya de considerarse prescrita la acción (las obras realizadas en el negocio) y ordena al Ayuntamiento ejercer sus competencias en material de licencia de actividad a fin de depuras las irregularidades detectadas. Esto suponía demoler las obras ilegalizables.

El Ayuntamiento en un principio se acogió a un informe del arquitecto municipal que indicaba que el expediente de infracción urbanística que se hizo en 2014 había prescrito así como que no era de su competencia expedientar al propietario y obligarle a demoler las obras.

Pero estos argumentos fueron rebatidos por Vicent Ortolá, que fuera concejal de Urbanismo del 99 al 2003. Lo cuestionó en los juzgados, pidió que se tiraran las obras realizadas y que fuera clausurado el negocio, y consiguió la sentencia ahora conocida y ratificada por el Tribunal Supremo, que además impone las costas al Consistorio.

Se da la circunstancia que ante el abogado que defendía los intereses municipales en este asunto recomendó al Ayuntamiento no presentar este último recurso ahora rechazado. Pero sin embargo, el Consistorio aprobó finalmente presentarlo precisamente en “defensa de esos intereses municipales”, según reza el acuerdo de la junta de gobierno local en el que fue aprobado y cuyo contenido desveló Ciudadanos por Jávea, precisamente en el pleno celebrado ese mes.