Archivo. Una imagen del chiringuito La Siesta

El TSJCV confirma una multa de 14.400 euros a La Siesta por vender ropa en su chiringuito

20 marzo, 2020Por: Carlos López

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Tiempo de lectura: 3 minutos

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha confirmado una sanción que impuso en 2017 la jefatura provincial de Costas al chiringuito La Siesta por tener una tienda de ropa en el interior del negocio, la multa fue de 14.400 euros, y le condena a asumir las costas por valor de 3.000 euros.

El Levante-emv publicó en su edición de este jueves esta sentencia, contra la que cabe recurso de casación y a la que hoy ha podido acceder esta redacción.

En cinco folios el ponente Edilberto José Narbón Laínez desmonta los argumentos de la propiedad del chiringuito que llevó a la Sala de lo Contencioso Administrativo la sanción que le impuso la jefatura provincial de Costas por tener en el interior del recinto una tienda de ropa y accesorios. Por este concepto le impuso una multa de 14.400 euros.

La sanción de Costas señalaba que se había instalado “una tienda de ropa en dominio público marítimo terrestre sin previa autorización en el restaurante La Siesta” ubicado en la playa del Primer Montañar, con la obligación del abono del importe citado así como el cierre de la tienda.

El juez: «las dos partes parecen jugar a las adivinanzas»

Ante esto los magistrados rechazan los argumentos del empresario y confirman la sanción que le impuso Costas por la “instalación de una tienda de ropa en dominio público marítimo terrestre sin previa autorización”. Y reprocha a las dos partes (la empresa y la administración) que “parecen jugar a las adivinanzas” pues los propietarios manifestaron tener un título inscrito en el registro de la propiedad anterior al deslinde de “que no aporta y afirma tener unos derechos que no acredita”.

Mientras que acusa a la Administración de partir de “un hecho negado por el demandante, es decir que la tienda de ropa se halla en dominio público marítimo terrestre, tanto por el deslinde realizado en 1959 como por el actúa de 2016, no aporta ni uno ni otro, ni nos dice donde están publicados, ni nos aporta copia”. Por ello concluye, “el Tribunal partirá de los escasos elementos fácticos que aportan las partes, entre los que cabe destacar, el reportaje fotográfico del Servicio de Vigilancia de Costas y las sentencias citadas”.

En su argumentación la Sala destaca que “nos encontramos ante dominio público marítimo terrestre de titularidad estatal; que el demandante tenía un título inscrito, al menos antes de 2003 a que se remonta el presente proceso,; y tercero la “situación la zanja la Audiencia nacional afirmando que las construcciones deben ser demolidas”. Ante lo que añade “la situación no ha variado, el demandante está ejerciendo una actividad en dominio público marítimo terrestre (tanto en el deslinde 1959 como en el de 2016) sin título alguno (concesión, licencia o autorización), la respuesta de ordenamiento jurídico no puede ser otra que imponer una sanción y ordenar el restablecimiento de la legalidad, es decir, la clausura de la tienda”.

«Se trata de una edificación en el dominio público en la que no ha sido posible la ocupación por parte de la administración»

Otro de los aspectos que abordan los magistrados es que la tienda (y por extensión se sobreentendería que el conjunto del negocio) en si “se trata de una edificación sobre el dominio público marítimo terrestre en que no haya sido posible la ocupación por parte de la administración, la norma general es la demolición de lo construido salvo que se deba conservar y legalizar lo construido por razones de interés público”.

Y señala que las razones para declararlo de interés público se “deben valorar de forma conjunta por las administraciones local y autonómica”. Unos informes que están en el expediente pero que en el caso del Ayuntamiento “no evacuó el informe” (fue solicitado en 2001) por tanto concluye la Sala que “debe entenderse que su opinión fue contraria a la legalización” y respecto al Consell afirma que en su estudio “no realiza ninguna consideración específica sobre el interés público de la legalización interesada”.

Finalmente los magistrados aseguran que una ley de 1935 “atribuye a los particulares una situación semejante a un derecho real sobre bienes concretos muy cercana al pleno dominio y con acceso al registro de la propiedad”, pero dichos preceptos “afectan a la situación de los terrenos objeto de concesión, aunque no impiden que se aplique” en ellos la Ley de Costas. Por lo que concluye que como el demandante no esgrime ningún título “que le permita ocupar el dominio público -(como concesión, licencia o autorización) el recurso (contra la sanción de Costas) debe ser desestimado y la decisión de la administración confirmada”.

Habrá que ver como afecta esta sentencia al propio negocio, y también al que tiene a su lado que igualmente monta tiendas o mercadillos similares en verano. Algo que ha sido muy criticado por las asociaciones de comerciantes del municipio porque -a su juicio- no cumplen con las estrictas normas y exigencia que ellos deben cumplir en sus negocios.

7 comentarios en “El TSJCV confirma una multa de 14.400 euros a La Siesta por vender ropa en su chiringuito

    1. Hola Abel, reconociendo lo que dices, hemos preguntado muchas veces, y resulta que esos pasillos son de titularidad de la Comunidad de Propietarios de los Bloques del Arenal. Digamos que no públicos, por eso, hacen un acuerdo los propietarios lo ocupan, y dejan el espacio que exige la ley: 1,5 metros.

      1. Pero es que 1,5 metros no existe y si lo quieres ver pasa y lo mides. Un carrito de pasear a un niño y yo lo he visto no pasa . Un respeto

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