La familia Navarro-Rubio y el Ayuntamiento intentan quedarse con la Finca San Rafael

1 marzo, 2012Por: Guiomar

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La Finca de san Rafael, más conocida como la casa del Ministro, tiene un destino incierto a causa de los diferentes intereses enfrentados por parte de Costas, del Ayuntamiento de Xàbia y de la familia Navarro-Rubio que actualmente disfruta de la concesión.

La situación no es sencilla y presumiblemente la solución tardará en llegar merced a los trámites administrativos. Ahora le toca al Ayuntamiento de Xàbia responder a la pregunta de Costas sobre «los derechos concesionales que pudieran corresponder». Y según ha explicado el alcalde, José Chulvi, se tomará su tiempo para estudiar a fondo el problema.

Un problema que surgió a raíz del supuesto expolio que la familia Navarro-Rubio estaba efectuando de los restos arqueológicos correspondientes al yacimiento romano de la piscifactoría de la punta del Arenal. Unas acusaciones que los descendientes del Ministro en su día desmintieron, alegando que intentaron ceder las piezas al Ayuntamiento, pero éste no mostró ningún interés.

Esto sucedió hace más de una década y tuvo como resultado una denuncia por parte del Consistorio javiense y el intento de éste por recuperar la Finca de San Rafael. Al parecer, en un principio, Xàbia decidió que la mejor fórmula sería recuperar la cesión a través de una expropiación, y en este sentido intentó negociar con la familia Navarro-Rubio.

Así pues, el 20 de octubre de 1999, Costas recibe del Ayuntamiento una petición para readquirir los terrenos de la finca, dado su valor arqueológico. Pero pasada la década, la oportunidad de pagar la expropiación no aparece, ni siquiera después del acuerdo de Xàbia con Casa Mediterráneo, mediante el cual el Consistorio tenía la ilusión de poder contar con la financiación requerida.

Al mismo tiempo, las pesquisas municipales han desvelado irregularidades en el registro de la propiedad de la Finca de San Rafael. Por un lado, no fue hasta el 2010, al dar respuesta a los requerimientos de Costas, cuando se descubrió que el Parador Nacional de Xàbia (construido en 1963) compartía referencia catastral con la llamada casa del Ministro.

El hotel presentó un expediente de rectificación de errores en el Catastro y consiguió su propia referencia catastral. Sin embargo, la situación de la Finca de San Rafael continúa en trámites por las discrepancias que se encontraron en relación a las mediciones de la parcela.

Según el certificado de dominio, la finca tiene una superficie de 6.680m2, pero, actualmente el perímetro que demarca el vallado es de 7.684,93m2, de acuerdo con mediciones recientes. Sin embargo, restando la explanada de la punta, que el Ministro Navarro-Rubio cedió para su uso público cuando financió y realizó las obras de la desembocadura de la Fontana, se queda en 5.992,42m2. Según Costas, esta situación se puede rectificar, solicitando un nuevo deslinde, por lo que en noviembre del 2011, los descendientes del Ministro piden dicha actuación.

 

Cesión o concesión

El otro asunto que afecta a la Finca de San Rafael es la interpretación de Costas de que la concesión de los terrenos sobre los que está construida la vivienda está a punto de finalizar.

También aquí la situación se complica. Resulta que la punta del Arenal pertenecía en propiedad al Ayuntamiento de Xàbia, después de que los terrenos fueran cedidos por el señorío de Medinaceli en virtud de la Ley Chapaprieta de 1935. A su vez, el municipio vendió en pública subasta la finca a Mª Dolores Serres, mujer de Mariano Navarro-Rubio, en 1959 y una segunda parcela en 1961.

La agrupación de estas dos parcelas y las construcciones sobre ellas edificadas fueron objeto de regularización en 1981. El Tribunal Supremo confirmó entonces la vigencia  de la Ley Chapaprieta y «los derechos adquiridos a su amparo», mientras que el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo reconoció el derecho a la «utilización gratuita y permanente»  de la propiedad.

Pero, la nueva Ley de Costas de 1988, y su reglamento (1989), declara que «los bienes de dominio público marítimo-terrestre definidos en esta Ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables», por lo que «no se admitirán más derechos que el uso y aprovechamiento adquiridos de acuerdo con la presente Ley», aunque éstos estén «amparados por asientos del Registro de la Propiedad«.

Además, la Ley de Costas de 1988 establece un régimen específico para los titulares de derechos sobre el dominio marítimo-terrestre surgidos con anterioridad a su aprobación. Concretamente aclara que por oficio se renovará la concesión «por treinta años, prorrogables por otros treinta, respetando los usos y aprovechamientos existentes».

A ésta cláusula se aferran los descendientes de Mariano Navarro-Rubio para no perder la finca, ya que entienden que la concesión dura hasta el 2018, y que es posible pedir una prórroga por tres décadas más.

Pero para el Ayuntamiento, una vez metido en la rueda administrativa puesta en marcha hace más de una década, continuará solicitando la cesión de la Finca de San Rafael para destinarlo a uso público, en base a los restos arqueológicos encontrados. El Consistorio javiense tiene ahora un mes para justificar los derechos concesionales que solicita.

 

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