La sentencia del Tribunal Supremo no aclara la nulidad del Catastrazo

Por: Guiomar

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Después de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado 23 de marzo, en la que desestima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento, Xàbia se encuentra en una situación incierta, al no quedar claro si la ponencia de valores catastrales del 2005 queda anulada o no.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Xàbia contra la sentencia del 5 de octubre del 2007 dictada por la Audiencia Nacional por pérdida de objeto.

Mediante este recurso se pretendía obtener una unificación de doctrinas, ya que existen contradicciones que dejan en duda si la ponencia de valores catastrales del 2005, conocida como el Catastrazo por el aumento exagerado en la tasación, queda anulada o no.

El 20 de diciembre del 2007 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó sentencia relativa al contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Xàbia, en el que recurrió de manera directa los valores de 354 propiedades municipales, y de manera indirecta, la propia ponencia de valores. El TSJ anuló estas valoraciones catastrales, «por ser nula la ponencia de valores».

Pero esta afirmación no sirvió para aclarar si la ponencia de valores quedaba anulada por completo o solo parcialmente, y de hecho, la dirección general del Catastro ha continuado aplicando los valores asignados por el infame Catastrazo.

De la mano del abogado Martín Queralt, para aclarar la situación y con la intención de lograr la anulación total, el Consistorio, encabezado entonces por Eduardo Monfort, presentó en enero del 2008 una solicitud de aclaración de la sentencia ante el TSJ.

Una semana más tarde el TSJ respondía diciendo que «no procede la aclaración de la sentencia interesada toda vez que el fallo de la misma es claro y no precisa de especificación alguna». A raíz de esta respuesta, el Ayuntamiento ha seguido recurriendo ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, pero siempre recibiendo la misma respuesta, que «el recurso que ahora decidimos ha perdido su objeto, en la medida en que la ponencia de valores combatida por el Ayuntamiento recurrente ya ha sido anulada por una sentencia firme» (la del TSJ).

Y entre sus argumentos, el Tribunal Supremo explica que no tiene sentido alegar, porque «no es procedente la anulación del acto administrativo por omisión de un trámite preceptivo cuando, aún de haberse cumplido este trámite, se puede prever razonablemente que el acto administrativo sería igual al que se pretende anular, o cuando la omisión de un trámite no causa indefensión al interesado», ya que el interesado ha tenido la oportunidad de alegar. Y prueba de ellos son precisamente los 354 valores de propiedades municipales recurridos.

Y uno a uno la sentencia del Tribuna Supremo desmonta los motivos de las alegaciones del Consistorio javiense, ya que no se puede acreditar ninguna deficiencia en la tramitación, ni falta motivación para la ponencia, ya que ésta iba acompañada de una exhaustiva memoria, ni tampoco es válido el argumento de que los valores de la ponencia son exagerados e incumplen la normativa.

Según explica el concejal de Hacienda, Óscar Antón, la reciente sentencia del Tribunal Supremo supone que el Ayuntamiento no puede saber si es válida la ponencia de valores del 2005, o bien ésta queda anulada y se retorna a la anterior, ya que deja en manos del Catastro la interpretación de la sentencia del TSJ.

En vista de esta situación de incertidumbre, el Consistorio se ha empezado a preparar para lo peor -para sus intereses-, o lo mejor -es de «justicia social», declara Antón-, y es que si el próximo recibo del IBI se calcula con la ponencia antigua, las arcas municipales recaudarán 7 millones menos de lo presupuestado. El edil asegura, sin embargo, que no se recortará en servicios ni se despedirá a nadie con el fin de ajustar las cuentas. Quizá, suponemos, haya que pensar en vender algunas de esas 354 propiedades municipales que tributan según la ponencia de 1995, para lograr cuadrar las cuentas. Pero, avisa Antón, que aún no hay anda claro, y también puede darse el caso de que el Catastro siga aplicando la sentencia del 2005.

Para despejar estas dudas, el alcalde de Xàbia, José Chulvi, y Antón se reunirán mañana con Juan Martín Queralt, y han solicitado ya un encuentro con la dirección general del Catastro en Madrid. De cualquiera de las dos maneras, el equipo de gobierno quiere solicitar la redacción de una nueva ponencia -ya que han pasado más de cinco años de la anterior-, la cual piensan realizar con toda la transparencia posible y contando con la participación ciudadana.

 

 

 

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