Desde el martes 18 de agosto, entrarán en vigor las nuevas restricciones sanitarias en todo el territorio valenciano a partir de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Estas medidas, que afectan a diferentes ámbitos sociales como es son el ocio nocturno, la hostelería, la celebración eventos y encuentros y el consumo de tabaco, principalmente, fueron aprobadas el pasado viernes por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Un encuentro junto al Ministerio de Sanidad que estableció actuaciones coordinadas en todas las autonomías (siendo la primera vez en la democracia que este hecho se da) con el fin de responder al actual incremento de contagios por COVID-19 que se están registrando a lo largo de todo el país.

Según ha explicado la consellera de Sanitat Universal y Salut Pública, Ana Barceló, “era necesaria la coordinación y homogeneización de las medidas para conseguir la mayor efectividad, teniendo en cuenta la movilidad y el periodo vacacional en el que nos encontramos».

Las medidas suponen el cierre de los locales de ocio nocturno, el toque de queda hasta la una de la madrugada, admisión de últimos clientes hasta la medianoche, mantenimiento de una distancia de seguridad mínima de 1,5 metros en las barra y mesas y un máximo de diez comensales por grupo en el caso de la hostelería y la prohibición de fumar en los espacios públicos si no se respetan los dos metros establecidos de distancia social preventiva.

Los centros socio-sanitarios, deberán, a partir de este martes, limitar las salidas de los internos y las visitas a pacientes o residentes a una persona por cada uno de ellos y durante una hora máximo al día. Asimismo, se establece la obligación de realizar pruebas PCR a grupos específicos (en centros socio-sanitarios, educativos, barrios etc) en caso de que surgiera un brote epidémico.

Entre las recomendaciones están la de limitar los encuentros a los grupos de convivencia estables y a un máximo de diez personas. También se ha recomendado que se realicen, de forma periódica, pruebas en centros sociales y residencias con el fin de asegurar que no haya ningún trabajador o trabajadora que porte el virus.

Desde el ministerio se ha animado a las autonomías a decretar medidas más restrictivas y sanciones específicas para actividades que puedan poner en riesgo la salud pública como son los botellones o las grandes concentraciones de personas.