Nuevo abuso urbanístico en Jávea

Por: Guiomar

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El ser humano es la única especie conocida, dotada de la capacidad para modificar la naturaleza. Esta característica vital la obtiene de sus múltiples posibilidades para transformar los bienes primarios existentes en el planeta (bosques, minerales, aguas, etc.) en bienes secundarios, es decir aquellos que han sufrido algún proceso de transformación productiva.

Estamos asistiendo impotentes al deterioro progresivo del litoral de Jávea, enclave paradisíaco y privilegiado por sus valores paisajísticos y su climatología, como consecuencia de la construcción abusiva, especulativa (como lo demuestra la cantidad de apartamentos nuevos desocupados en venta o alquiler) y sin criterios de sostenibilidad.

La costa de Jávea, como la del resto de la Comunidad Valenciana, está afectada por un gran aumento de la población (especialmente en período estival) y, en consecuencia, se ha intensificado su uso para el turismo. Jávea tiene actualmente censados alrededor de 27.500 habitantes, población que pasa a ser de 150.000 en el mes de agosto.

A esta situación se ha llegado, en general, con actuaciones inconexas, sin la necesaria coordinación entre la legislación del dominio público marítimo y la del suelo, sin tener en cuenta la interacción tierra-mar, ni la necesidad de establecer medidas que garanticen la conservación de estos espacios singularmente sensibles al deterioro, ni los costes externos a la propia acción ni la rentabilidad o valor social del medio.

Las consecuencias del creciente proceso de urbanización y depreciación, posibilitado por una grave dejación administrativa, están haciendo irreconocible, en numerosas zonas, el paisaje litoral de no hace más de veinte años, con un urbanismo nocivo de altas murallas de edificios al mismo borde de la playa o del mar, vías de transporte de gran intensidad de tráfico demasiado próximas a la orilla, y vertidos al mar sin depuración en la mayoría de los casos (Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas)

En el caso del litoral de Jávea, la construcción en primera línea de mar estaba constituida en su mayoría por chalets, a lo sumo de una altura, edificaciones poco agresivas con su entorno, reservando para segunda línea y posteriores las edificaciones de dos, tres o más alturas, en cumplimiento del PGOU de Jávea de 1990.

Este paisaje de primera línea se está modificando de manera preocupante. La mayoría de chalets que se han vendido, están siendo sustituidos por bloques de apartamentos de tres alturas, y en algunos casos de cinco, como es el caso del situado al final de la avenida de Lepanto, esquina con el margen izquierdo de la desembocadura actual del río Gorgos.

Con la aprobación de la Ley 22/1988 de Costas, creíamos que ¡por fin! teníamos un instrumento legal para proteger nuestro litoral, teniendo en cuenta que ésta ley “tiene por objeto la determinación, protección, utilización y policía del dominio público marítimo-terrestre y especialmente de la ribera del mar”.

Por desgracia, esto no ha sido así, debido a que no se han hecho todos los deslindes que marcan el dominio público marítimo-terrestre. La administración no ha podido o no ha querido, en 17 años, completar los deslindes que marcarían la zona de servidumbre de protección de 100 metros, dentro de la cual están prohibidas, entre otras, las edificaciones destinadas a residencia o habitación a excepción de las que presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo-terrestre.

La Ley de Costas introduce algunas excepciones, como en las zonas urbanas o urbanizables, donde la anchura de la servidumbre de protección se limita a 20 metros, porque el legislador “no tuvo más remedio” que respetar derechos adquiridos.

¿Por qué no se han hecho los deslindes? Esta pregunta debería responderla en primer lugar el Ministerio de Medio Ambiente, del cual depende la gestión de costas, y, en segundo lugar, el Ayuntamiento de Jávea, que podría haber solicitado los deslindes para preservar la primera línea de mar, si realmente hubiese tenido mayor interés en proteger la primera línea de mar que en el mero recaudatorio. “El deslinde se incoará de oficio o a petición de cualquier persona interesada, y será aprobado por la Administración del Estado. El plazo para notificar la resolución de los procedimientos de deslinde será de 24 meses” (Art. 12 Ley de Costas).

Debemos tener en cuenta que no siempre lo que es legal es aceptable desde el punto de vista de la ética. No debería prevalecer el interés de unos pocos, propietarios del suelo, promotores, constructores, etc. frente al interés de un colectivo mayor en defensa de valores de la zona como el paisaje, el exceso de volumetría, la necesidad de servicios, etc.

El Ayuntamiento de Jávea va a permitir una edificación de cinco alturas en primera línea de mar, en la zona antes mencionada, porque el PGOU de Jávea de 1990 lo permite, cuando en toda la línea de costa del primer montañar solo se permiten edificaciones de tres alturas (entresuelo y dos alturas).

El Ayuntamiento debería aprovechar su anunciado proyecto de no concesión de licencias de obra, durante el plazo de al menos un año, para revisar el PGOU y actuar con mayor sensibilidad para proteger una zona de gran valor paisajístico. Si se permite esta obra se destruirá para siempre la homogeneización urbanística del tramo de fachada marítima en el margen izquierdo de la desembocadura del río Gorgos.

Álvaro Pérez Torró
Consultor Medio Ambiental

 

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