Xàbia facultará al alcalde a llevar al Constitucional la ley de reforma de los ayuntamientos

26 febrero, 2014Por: Carlos López

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Tiempo de lectura: 3 minutos

El pleno del Ayuntamiento de Xàbia aprobará mañana, salvo sorpresa mayúscula, facultar al alcalde para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Pública que ha aprobado el Gobierno central y que, entre otras, hace una reestructuración de las competencias de los ayuntamientos, pasando éstas a las Comunidades Autónomas o Diputaciones. 

Según la Ley Orgánica que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional, las entidades locales pueden elevar un recurso ante un acto «en defensa de la autonomía local» y así lo recoge en el Capítulo IV. Para ello, se deben sumar al recurso un «número de municipios que representen la sexta parte de la población oficial del ámbito territorial». Esto supone que para que el recurso sea aceptado debe ser respaldado por 1.160 municipios de toda España

Algo que parece posible, ya que toda la oposición en el Congreso de los Diputados excepto el PNV ha apoyado la presentación del mismo. Y es que PSOE, CiU, IU-ICV, ERC, CC, Chunta Aragonesista, Compromís, Nueva Canarias, UPyD y BNG, se han puesto de acuerdo en el rechazo a la reforma aprobada por el PP. 

En concreto, esta ley entraría en colisión con loa artículos 140 y 141 de la Constitución Española que delimita las competencias de las entidades locales.  Por ello, la presentación del recurso obligaría al TC a dirimir si efectivamente eso sucede y a marcar al Gobierno qué debe hacer ya que sus resoluciones son de obligatorio cumplimiento. 

La pregunta del millón es  ¿en qué medida afecta esta ley  a los Ayuntamientos? La norma «impone» un control sobre los ayuntamientos, sobre todo a los de poblaciones con menos de 20.000 habitantes, que prácticamente convierte en «instituciones vacías de competencias e incapacitadas para prestar los servicios que la propia ley reserva para todos los municipios». Y todo ello al margen de la situación financiera concreta en la que se encuentre ese municipio.

Asimismo, reseña en la exposición de motivos, «esta ley abre la puerta a la privatización de cualquier servicio, puesto que desaparecen las referencias a los servicios públicos prestados por las entidades locales que impliquen ejercicio de autoridad. Igualmente se establecen trabas y controles a las modalidades de gestión directa, mientras que las privatizaciones no conllevan ningún tipo de control más allá de los procesos de contratación pública.»

En el caso concreto de Xàbia uno de los servicios que se dejaría de prestar si sigue a rajatabla lo que dice esa norma serían los Servicios Sociales o la Escoleta. En el primero de los casos, se traspasaría toda la gestión a la Generalitat, igualmente para la Escoleta. Sin embargo, desde la Conselleria de Bienestar ya han insinuado de forma reiterada que los servicios Sociales se seguirán prestando como hasta ahora y para ello se harán convenios con las entidades locales. Otra de las cuestiones, no tan relevantes, es la limitación en el número de cargos de confianza, Xàbia debería tener 7 en lugar de los 10 que cuenta ahora. 

De hecho, la pasada semana, la directora general de Familia, Laura Chorro, estuvo en Dénia para explicar que el municipio seguirá gestionando la residencia de ancianos que tiene pese a las dudas generadas en el propio gobierno local del PP sobre si habría que privatizarla. Chorro aseguró que el Consell ayudaría a Dénia a que todo siga como está pese a que en la actualidad el municipio no cumple ninguna de las condiciones que impone la ley para que eso siga como está hoy. 

Otra de las competencias que no deberían financiar los Consistorio atendiendo a la literalidad de la Ley es la extensión de la UNED. Así, la Diputación tendrá que reunir al Patronato de la Fundación para decidir que se hace y como se afronta el nuevo marco regulatorio. 

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