Vista panorámica de Xàbia, con el Saladar, en el centro, que ya no será urbanizable

Xàbia recuperará 2,8 millones de una indemnización urbanística que ha anulado el Supremo

8 enero, 2016Por: Carlos López

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El Ayuntamiento de Xàbia arrastra desde hace ya varios años el pago anual de diversas sentencias contrarias a los intereses municipales por decisiones urbanísticas de anteriores gobernantes que los tribunales han anulado. Pues bien, hoy el equipo de gobierno ha anunciado que una de esas indemnizaciones ha sido anulada por el Tribunal Supremo, lo que supondrá que la indemnización abonada vuelva a las arcas municipales.

Son nada más y nada menos que 2,8 millones de euros, más sus respectivos intereses, que fueron abonados en mayo de 2010,  y que se pagaron con un crédito de la antigua CajaMadrid por importe de 3,2 millones concertado por el gobierno que entonces dirigía Eduardo Monfort. De aquel préstamo, el Consistorio ha pagado religiosamente sus cuotas, a razón de 377.000 euros (320.000 euros de capital y 57.000 euros de intereses) y solo le restan por pagar 1,60 millones de euros.

Un buen pico que permitirá al Ayuntamiento un alivio financiero y afrontar con más solvencia las inversiones que están en la mente de todos así como incrementar el gasto en otras partidas.. Además el ratio de endeudamiento se verá reducido.

Una expropiación en Capsades en 2006

El pleito arrancó en el año 2006 a iniciativa de los propietarios de 95.216 metros cuadrados en les Capsades que fueron desclasificados por el PGOU de 1990 y catalogados como sistema general (parques y zonas verdes). Esta familia exigió al Consistorio que le expropiara toda el área que había catalogado como verde apelando a la Ley Urbanística Valenciana, pero el Ayuntamiento se negó a comprar forzosamente los terrenos alegando que la expropiación es una materia de competencia exclusivamente estatal y que la Ley del Suelo solo obliga a la Administración a comprar el suelo desclasificado si era urbano o urbanizable con un programa presentado, lo que no se ajusta a este caso.

El conflicto se trasladó a la vía judicial y en una primera instancia, tanto el Jurado Provincial de Expropiación como el Tribunal Superior de Justicia consideraron que el Consistorio debía expropiar esta bolsa de suelo que los informes municipales valoraron en 2.856.480 euros frente a los 10.599.695 euros que pedían los interesados.

Finalmente el TSJ, como medida cautelar solicitada por los propietarios, decidió que el Ayuntamiento les abonara 2.856.480 euros, levantando un acta de pago y ocupación supeditada al resultado del proceso, que siguió vivo en los tribunales.

El último capítulo ha sido un recurso ante el Supremo por el que los particulares seguían reclamando un justiprecio de más de 10 millones de euros y el Consistorio ha insistido en la nulidad de la expropiación y en la prevalencia de la legislación estatal, solicitando que se revoque la sentencia del TSJCV, unas peticiones atendidas por la Sala, que ha dado la razón a la argumentación defendida por el Ayuntamiento.

La valoración política

El alcalde, José Chulvi considera que esta sentencia refuerza la línea de trabajo de la Corporación y la política urbanística que se está llevando a cabo. Y sobre todo, es un importante respaldo para el Ayuntamiento a la hora de emprender acciones para proteger suelo frente a los que tratan de asustar y se escudan en que cualquier freno al urbanismo supone indemnizaciones millonarias.

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