Xàbia volverá a contratar las catas para determinar si debajo de la vivienda del arquitecto municipal en la Granadella están los cimientos de la anterior propiedad

El Ayuntamiento de Xàbia vuelve a empezar en el conflicto urbanístico que mantiene contra la vivienda del arquitecto municipal construida en la Granadella, en suelo no urbanizable de Especial Protección. Según un anuncio publicado en la plataforma de Contratación del Estado, el Consistorio vuelve a contratar un informe pericial para determinar si debajo de esa vivienda están los cimientos de la antigua propiedad, para continuar o no con el expediente de infracción urbanística que tiene abierto. 

La noticia fue adelantada hace unos días por Levante-EMV y esta redacción la ha podido confirmar consultando la Plataforma de Contratación del Estado, donde una de las contrataciones del Ayuntamiento se refiere ese asunto, bajo el epígrafe: “Trabajos de inspección técnica singular y dictamen pericial en relación con las obras realizadas en la vivienda unifamiliar aislada objeto del expte 367/2024”. Y ese expediente es el relativo a la vivienda del arquitecto municipal. 

En la documentación de este contrato se adjunta un informe jurídico en el que se recoge que el Ayuntamiento debe repetir el procedimiento de las catas al haber sido condenado por los tribunales, en marzo del pasado año, por haber “privado al arquitecto municipal de la posibilidad de oponerse a la solicitud municipal, y por tanto de ejercitar su derecho de defensa”. 

Fue a finales de 2022, cuando el Consistorio adjudicó los trabajos para estas, pero el alto funcionario no permitió la entrada del técnico externo en su vivienda, (tal y como informó esta redacción); finalmente tras pedirlo al juez, el técnico pudo acceder, realizó las catas, redactó su informe y lo presentó al Consistorio, pero todo el proceso fue recurrido por el propio arquitecto municipal, que en marzo de 2024 recibió una sentencia a su favor.  

Y es este auto, el que el Ayuntamiento asume, a tenor de lo que recoge el informe jurídico anexo a la nueva contratación. Acata la sentencia, no se recurre, y los técnicos ordenan dejar sin efecto “todos aquellos actos y trámites administrativos dictados como consecuencia del Auto revocado” por la sentencia del pasado año. Esto es, las catas, el informe de los resultados y los informes municipales basados en ellas. 

Así las cosas, los trámites siguen y el técnico firma de nuevo la necesidad de contratar ese informe pericial para la contratación por parte del Ayuntamiento de una empresa especializada para “conocer, con la necesaria objetividad, si las obras realizadas han sido de reforma y modernización de la edificación preexistente, o si se trata de obras de demolición de la estructura anterior y construcción de nueva edificación en el mismo emplazamiento”. 

Para ello, el Consistorio pone sobre la mesa 16.800 euros, y un plazo máximo de ejecución de los trabajos de 3 meses, con algunas condiciones, como el tiempo en que se realizarán las catas en la vivienda “no podrán prolongarse durante más de tres días naturales”. Y el acceso a la misma se hará “bien con autorización de la propiedad, bien con la autorización judicial que al efecto haya de solicitarse”.