El empresario del terreno del segundo Montañar pide la inhabilitación para cargo público para dos políticos y tres técnicos de Xàbia

Chulvi defiende que todos los expedientes del Ayuntamiento están avalado por los informes técnicos y jurídicos correspondientes

  El propietario del terreno del Segundo Montañar pide en la querella que ha presentado ante el juzgado de Dénia la inhabilitación para el ejercicio de cargo público para dos políticos (alcalde y concejal de Urbanismo) y tres técnicos del Ayuntamiento de Xàbia. En la denuncia, a la que ha tenido acceso XAD en exclusiva, el propietario relata toda la sucesión de hechos desde que en julio del pasado año le fuera concedido el permiso para la construcción de un restaurante en la última parcela libre del segundo Montañar. A modo de titulares es la siguiente: 19 de julio de 2018: Concesión de licencia para la construcción del restaurante, contando con permisos de Costas y Conselleria de Obras. (En agosto esta redacción informó de esa licencia y el lío que se había montado) Septiembre 2018: El Ayuntamiento inicia la declaración de lesividad de la licencia. 28 de febrero de 2019: El pleno declara la lesividad de la licencia (aquella sesión en la que la concejal de Urbanismo dijo lo de 'errar es de humanos'). Entre febrero y mayo de 2019 y según el relato del empresario el Ayuntamiento debió interponer demanda contencioso administrativo como continuación al procedimiento administrativo especial de declaración de lesividad. Transcurrido el plazo de dos meses, al no haber presentado el Consistorio ese recurso se produce la “preclusión y se pierde la oportunidad de realizar el acto de que se trate”. Esto es, se cancelaría la declaración de lesividad y por tanto “le está vetado a la administración formular una nueva”. 27 de mayo de 2019: El propietario comunica el Ayuntamiento este hecho y que la licencia estaba “en plena eficacia”. Junio 2019: El Ayuntamiento inicia un nuevo expediente de declaración de la lesividad de la licencia. Una declaración que fue elevada al pleno ordinario del mes de julio, pero que finalmente fue retirado del orden del día, y que no ha vuelto a pasar ni por el pleno de agosto, ni por el de septiembre. Septiembre 2019: “No eleva al pleno la declaración de lesividad y ahora ordena la suspensión de una obra que cuenta con una licencia que no ha sido declara nula ni anulable ni siquiera lesiva por el pleno municipal, ni por el órgano judicial”. Y añade en otra parte “El 30 de septiembre se dicta a sabiendas de su injusticia y contraviniendo de manera patente el ordenamiento jurídico, expediente de restauración de la legalidad urbanística firmado por un técnico municipal que resuelve ordenar la suspensión de la obra y suspende la eficacia de una licencia sin que lo acuerde el órgano competente, a saber, el pleno o el órgano judicial competente”. En la extensa argumentación de la denuncia, el propietario y sus abogados aseguran que el “alcalde, la concejal y los técnicos firmantes tanto del expediente de restauración de la legalidad urbanística, como de los informes jurídicos de reinicio de declaración de lesividad no sirviendo con objetividad a los intereses generales y a sabiendas de que se declaró la lesividad de la licencia el 28 de febrero de 2.019 aplicando la suspensión de licencias del Plan General y que en fecha 7 de junio del 2.019 la suspensión había sido levantada careciendo de motivo por tanto para declararla lesiva, ya que la misma es conforme con el Plan General actualmente en vigor ( Modificación Puntual del PGOU 90/91 denominada nº 1 )y por tanto otorgada de conformidad al mismo. Mucho más irregular por servir a intereses particulares es el decreto 2019/1885 de 30 de septiembre de restauración de la legalidad urbanística por suspender una obra que se está ejecutando con licencia y que no puede suspender por no tener facultades para así hacer pues solo el pleno y el órgano judicial puede hacerlo”. Por todo ello apunta que los hechos reseñados se “pueden considerar constitutivos de delitos tipificados en el Código Penal” concretamente en el artículo 404 'A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años”. Por úlitmo pide citar como querellados al alcalde, la concejal de Urbanismo y tres empleados municipales.

Siguen las obras -hoy jueves-

Mientras en los despachos sucede esto, en el terreno, los operarios trabajan en la obra. Ya han realizado la excavación para los cimientos, con una cota de 1,60 metros. Unos trabajos que según han narrado a esta redacción algunos vecinos de la zona, que prefieren mantener el anonimato, han podido ejecutar pese a estar la avenida de Ultramar cerrada al tráfico viario.. no a todo, ya que los camiones de esta obra han podido pasar sin problema, comentaron.

La respuesta del alcalde: "Una licencia es un acto reglado que no está sometido a la voluntad personal sino a la legalidad de aquello que se solicita"

Ante esta denuncia, el alcalde, José Chulvi, ha publicado en su muro de facebook un comunicado que reproducimos en su totalidad. "Frente a la denuncia presentada contra mí, la concejala de Urbanismo y tres técnicos municipales por el empresario que quiere construir un restaurante en el segundo Montañar me gustaría aclarar algunas cosas: -Una licencia es un acto reglado que no está sometido a la voluntad personal sino a la legalidad de aquello que se solicita. -En este expediente (como en todos) cada paso dado desde el Ayuntamiento está avalado por los informes técnicos y jurídicos correspondientes. -En el escrito que se ha publicado en medios de comunicación hay acusaciones muy graves contra personas concretas, hechas de forma gratuita y por un denunciante que ni siquiera se identifica. - No podemos normalizar que se utilice la calumnia pública desde los medios y que se instrumentalice a la justicia para tratar de coaccionar o hacer daño a nivel personal a cargos y funcionarios públicos. - Por nuestra parte, seguiremos trabajando con la misma diligencia y con el mismo rigor que hasta ahora, dentro del marco de la legalidad y sin otro interés que el bien común.""