Xàbia da dos meses al propietario de un local de la Granadella para demoler unas obras ilegalizables que hizo en 2003

Le advierte que de no hacerlo podrá realizarlo el Consistorio, obligado a cumplir una sentencia del Tribunal Supremo

Con pies de plomo y paso a paso. Pero la concejalía de Urbanismo dictó hace unos días una orden en la que se insta al propietario de uno de los locales de restauración de la Cala Granadella a solicitar la licencia para restituir la legalidad urbanística -por unas obras que hizo en 2003 en el local-  y dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Supremo que ha sentenciado que son ilegalizables. 

Se trata del propietario del local ocupado en la actualidad por La Bandideta, antiguo Llebeig. Un auto del Tribunal Supremo de mayo de 2020 obliga al Ayuntamiento a cumplir una sentencia que decretó que las obras realizadas en el mismo son ilegalizables se ejecutaron en 2003 y su ilegalidad, según dictaminaron los jueces seguía vigente, al haberse realizado en una área recogida en el Plan General vigente como Suelo No urbanizable de Especial Protección. 

Por tanto, tras estudiar el auto con detenimiento y recibir una orden de ejecución de la sentencia, el departamento que dirige Pepa Gisbert, ha decretado una orden de restitución de la legalidad urbanística.

En el documento, al que ha tenido acceso esta redacción, Urbanismo concede 60 días para que el propietario del local solicite el permiso necesario para realizar las siguientes obras :

-Realización de unos pilares de ladrillo macizo, como apoyo para vigas de hormigón armado para realización de una terraza elevada, en sustitución de una cubierta metálica existente anteriormente.

-Desmonte, alterando el nivel del terreno natural y produciendo rotura de los márgenes existentes y arranque de arbolado dentro de la parcela del Bar “Llebeig”.

-Realización de otra excavación alterando el nivel del terreno para extracción de piedra seca para futura realización de muros de piedra en la excavación realizada).

Además le advierte que en el caso de incumplir la orden, se le pueden imponer multas coercitivas "por periodos de un mes" de 600 a 3.000 euros "con un máximo de diez", puede ejecutar la obra el Consistorio de forma subsidiaria (y pasarle la factura con posterioridad) o incluso la ejecución forzosa.

Abre el camino para otros expedientes similares

Este paso de la concejalía de Urbanismo, abre el camino para otros expedientes similares, en la misma zona que también han sido ratificados por los tribunales, como el relativo al Casa Rosita, que trascendió hace unas semanas, y que igualmente está siendo estudiando por el Ayuntamiento para tomar una decisión similar.