El Tribunal de Contratos rechaza el recurso de SAV a la adjudicación del contrato de la basura en Xàbia

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha rechazado el recurso presentado por SAV a la adjudicación del contrato de la basura de Xàbia a la empresa Tetma. Pero no es el único recurso, ya que la actual responsable del servicio en precario (sin contrato y con facturas mensuales de 360.000 euros que deben pasar por el pleno para ser pagadas, para levantar los reparos del área de Intervención) también ha decidido recurrir el proceso.

Este tribunal publica sus resoluciones en su página web, y en documento fechado el pasado 19 de junio, sus expertos rechazan los argumentos de Sociedad de Agricultores de la Vega “por hallarnos ante acto trámite no cualificado y no susceptible de impugnación mediante recurso especial en materia de contratación”.

Tal y como informaron desde SAV a esta redacción su recurso se basaba en que se sintieron “indefensos” y en su respuesta este órgano asegura que no “se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso por lo que no procede la imposición de la sanción” prevista en la Ley de Contratos del Sector Público.

El propio informe apunta al siguiente paso que podría dar la empresa valenciana y no es otra que llevar el asunto a la Sala de la Contencioso Administrativo del TSJCV para lo que dispone de un plazo de dos meses.

Y ahora, un recurso de Cespa

El camino de la adjudicación de este contrato se alarga aún más. Según ha podido saber esta redacción, ahora la que ha presentado un recurso es la actual prestataria del servicio, la filial de Ferrovial, Cespa.

Cespa fue la segunda oferta mejor valorada con 85,13 puntos, frente a los 90,12 que reunió la que se impuso en el concurso Tetma. (VER). En sus magnitudes Cespa ofrecía un precio de 197 euros por tonelada recogida (187 Tetma) y en la parte de limpieza viaria, su oferta máxima era de 2,74 millones de euros.

El jugoso contrato, unos 5 millones de euros hace que las empresas intenten conseguir anular la adjudicación y para ello utilizan todos los medios a su disposición, incluso llegar al juzgado y paralizar la necesaria renovación de este obsoleto servicio.