Siguen las dudas sobre el expediente del restaurante del 2 Montañar

Un informe técnico desvelado por el PP apunta a que el Consistorio debería atender el recurso del propietario y autorizar la obra

El equipo de gobierno de Xàbia superó el pleno extraordinario convocado por los cuatro partidos de la oposición, sin desviarse un ápice de la línea que mantienen respecto al expediente del restaurante del Segundo Montañar. Superó el trago también la concejal de Urbanismo, Isabel Bolufer, que tal y como estaba previsto, no fue reprobada (en este enlace puedes leer la crónica de la no reprobación). Ante una inusual presencia de público, fundamentalmente simpatizantes del PSOE que habían sido convocados para acudir a apoyar a sus compañeros del gobierno, el abogado de los vecinos, el abogado del propietario y militantes de los partidos de la oposición, comenzó una sesión cuya convocatoria exigieron por escrito el PP, Ciudadanos por Jávea, Compromís y Ciudadanos. El alcalde, José Chulvi, abrió las intervenciones y anunció que el “expediente está incompleto” porque falta resolver otras alegaciones presentadas por los vecinos y pidió a la oposición mesura en sus afirmaciones ya que hay “una denuncia de la que a fecha de hoy no hay constancia en el Ayuntamiento”, en una alusión directa a la querella que presentó el propietario del terreno contra dos concejales y tres técnicos, para los que pide, tal y como desveló esta redacción en exclusiva, inhabilitación para cargo público.

Rosa Cardona: "A quien corresponda, que asuma las consecuencias políticas de esto"

En el turno de intervenciones la portavoz del PP, Rosa Cardona, hizo un repaso por la situación de un expediente al que habían podido acceder finalmente por la convocatoria extraordinaria y desveló en el transcurso de su repaso que había un informe “sin firma de un técnico” en el que se recogía que “se atendiera el recurso de reposición del propietario y se concediera finalmente la licencia”. La edil reclamó, en vano, conocer quien había hecho ese informe. Asimismo preguntó al equipo de gobierno los motivos por los que tras la declaración de lesividad por el pleno en febrero, no se llevó el asunto ante los tribunales y se lamentó porque el plazo para hacerlo “se agotó”. Una pregunta que no obtuvo respuesta. Tampoco tuvo respuesta la pregunta de si estaba en vigor la licencia. La popular calificó la gestión de este asunto como “nefasta” y pidió que a “quien le corresponda que asuma las consecuencias políticas”. En esta misma línea se manifestó el portavoz de Compromís, Juan Cardona, quien echó en falta que se hubiera celebrado una junta de portavoces “que no cuesta nada convocarla” ya que hacerlo -subrayó- “es una cuestión de calidad democrática”. Cardona aseguró que en tres meses “no hemos tenido ninguna noticia de este asunto” ya que tampoco se ha convocado la comisión de Urbanismo.

José Chulvi: "El expediente está incompleto y se resolverá en el órgano que corresponda"

A esto se refirió el alcalde, cuando con evidente tono de enfado se mostró muy contrariado porque nadie de la oposición había llamado ni a él ni a la concejal de Urbanismo para preguntar por el tema y porque tampoco “se habían reunido con el secretario antes de convocar este pleno”. En este sentido, anunció que todavía se deben responder otras alegaciones presentadas por los vecinos y será entonces cuando se lleve “al órgano responsable de la gestión: el pleno, la junta de gobierno o alcaldía”. De lo poco que trascendió sobre el expediente, la concejal de Urbanismo, explicó que el Ayuntamiento había abierto un expediente de restauración de la legalidad, tras comprobar que la medida cautelar -la paralización de las obras dictada el 30 de septiembre- no se había cumplido por parte del propietario.

Abogada del propietario:  “Mi licencia está vigente”

Entre el publico presente, la abogada del propietario de la parcela. Una vez concluida la sesión, en declaraciones a los medios, la abogada subrayó que la licencia de su representado “sigue vigente” ya que se concedió en base al Plan General del 90 y afirmó que el 27 de mayo notificaron al Ayuntamiento que se les había agotado el plazo para la presentación en los juzgados del Contencioso del procedimiento de declaración de la lesividad y que se pudiera hacer marcha atrás en el permiso concedido.